El 1 de marzo de 2019 se aprobó el Real Decreto-ley 5/2019 por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo con la Unión Europea, conocido como Brexit duro, con el objetivo de minimizar o evitar las consecuencias negativas de dicha retirada para los ciudadanos británicos residentes en España.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día en que los tratados europeos dejen de aplicarse al Reino Unido, salvo que se haya formalizado un acuerdo de retirada entre Reino Unido y la Unión Europea.
No obstante, si las autoridades británicas no dan el mismo tratamiento a las personas físicas o jurídicas con nacionalidad española, 2 meses después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2019, éste quedaría suspendido.
¿Cuáles son los ámbitos regulados por el Real Decreto-Ley 5/2019?
El Real Decreto-Ley 5/2019 regula los siguientes ámbitos:
- Residencia y trabajo de nacionales británicos residentes en España y sus familiares.
- Trabajadores fronterizos.
- Profesionales y funcionarios.
- Trabajadores desplazados temporalmente en el marco de una prestación de servicios.
- Seguridad Social.
- Acceso a la asistencia sanitaria y a la educación.
- Régimen aplicable a la cooperación policial y judicial internacional.
- Servicios financieros, contratación pública, autorizaciones y licencias, aduanas, transporte y servicios aeroportuarios.
En este artículo, repasaré el régimen jurídico de aplicación a la residencia y trabajo de nacionales británicos residentes en España y sus familiares, así como el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación.
Residencia y trabajo de ciudadanos británicos residentes en España y sus familiares
El Real Decreto-ley 5/2019 se aplicará únicamente a aquellos nacionales británicos que residan en España antes de la fecha de retirada y a sus familiares.
Éstos deberán acreditar su condición de la siguiente forma:
- Los ciudadanos británicos a través de su certificado de registro de la Unión Europea, mientras que los familiares de éstos a través de su tarjeta de familiar comunitario.
- Mediante cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, en caso que los ciudadanos británicos y sus familiares no hayan obtenido el certificado de registro de la Unión Europea y la tarjeta de familiar comunitario, respectivamente.
Tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, los ciudadanos británicos y sus familiares estarán obligados a solicitar una nueva autorización de residencia en un plazo de 21 meses desde el Brexit. Durante ese plazo, éstos continuarán residiendo de forma legal hasta que se conceda la nueva autorización.
Asimismo, los nacionales británicos y sus familiares que hayan residido legalmente y de forma continuada durante cinco años en territorio español tendrán derecho a obtener una residencia de larga duración, de conformidad con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
No obstante lo anterior, tendrán derecho a solicitar directamente la expedición de la tarjeta de larga duración, sin pasar por el procedimiento de concesión de dicha autorización, los ciudadanos británicos y sus familiares que ya dispusieran, antes de la fecha de retirada, del certificado de residente de la Unión Europea y la tarjeta de familiar comunitario respectivamente.
Acceso a la sanidad y a la universidad
Durante el plazo de 21 meses establecido para que los nacionales británicos y sus familiares regularicen su situación y excepto que se haya adoptado algún acuerdo internacional, éstos continuarán protegidos por el Sistema Nacional de Salud español, siempre y cuando el Sistema de Salud del Reino Unido proteja a los nacionales españoles que residen en dicho país.
También se establece la validez de las tarjetas sanitarias para acceder al Sistema Nacional de Salud. Cuando se carezca de dicha tarjeta, se deberá presentar un documento que acredite el derecho a la asistencia sanitaria a cargo de las entidades británicas que correspondan.
También deberán presentar el documento acreditativo anterior en los supuestos de estancia temporal y tratamientos programados.
En relación a la universidad, el Real Decreto-ley permite que los alumnos de los cursos 2019-2020 y 2020-2021 puedan continuar estudiando en las mismas condiciones que los alumnos que procedan de los sistemas educativos de la Unión Europea.
Cristina Aguilar 
Creo que esto beneficia a que el reino Unido más pronto que tarde de una vez por todas nos devuelva el peñón aunque no lo veré confío que sea devuelto a su legítimo dueño.