Tener capacidad de obrar significa poder ejercer todos los derechos y deberes a los que las personas tienen acceso. Hay que diferenciarla de la capacidad jurídica a fin de comprender qué significa y qué implicaciones tienen.

¿Cuáles son las diferencias entre la capacidad de obrar y la capacidad jurídica?

Antes de conocer cuándo se modifica la capacidad de obrar, es importante diferenciar la capacidad de obrar de la capacidad jurídica, pues no son lo mismo.

Comenzando por la capacidad jurídica, ésta se entiende como la capacidad de tener derechos y obligaciones. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene capacidad jurídica. Se obtiene con el nacimiento y se extingue con la muerte.

Por otro lado, la capacidad de obrar es la que permite realizar actos y que éstos tengan efectos legales. En este caso, no todo el mundo tiene capacidad de obrar plena, pues puede tenerla limitada por diferentes razones. Por regla general, la capacidad de obrar se obtiene cuando se cumple la mayoría de edad.

¿Se puede modificar la capacidad de obrar?

La capacidad de obrar se obtiene con la mayoría de edad, pero, hasta hace poco, ésta podía ser limitada o sufrir modificaciones en su alcance. Las razones se podían referir a la existencia de una enfermedad, deficiencia física o mental de carácter persistente y que ésta afectase de tal manera que limitara la capacidad de tomar decisiones.

Esto fue así hasta la aprobación de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y que supuso una auténtica revolución en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad.

Antes de esa reforma, a las personas con discapacidad se les podía incapacitar, perdiendo las mismas toda capacidad de obrar y, como consecuencia, la capacidad de formalizar negocios jurídicos.

Por lo tanto, podemos hablar de que, con la nueva Ley, ha desaparecido la incapacitación a través de una demanda judicial y, por ende, desaparece la figura del tutor legal que toma decisiones por la persona con discapacidad. De la misma manera, desaparece la potestad prorrogada y se le da mucho más peso a la curatela, como figura de apoyo a las personas con discapacidad, para que éstas puedan tomar sus propias decisiones.

Antes de la aprobación de la Ley 8/2021, la capacidad de obrar de las personas con discapacidad se veía limitada sin ser necesario en todos los casos. Gracias a esta reforma, y con la figura de la curatela, se permite que las personas con discapacidad puedan decidir en todos los asuntos jurídicos.

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